El representante del Distrito 16 llamó al Gobierno a realizar un catastro para evaluar la cantidad de productores afectados y así focalizar de mejor manera la posible ayuda que entreguen, sobre todo a los más pequeños y también a la agricultura familiar campesina.

El diputado por la Región de O’Higgins e integrante de la comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Eduardo Cornejo (UDI), ofició esta semana al Ministerio de Agricultura, solicitando que puedan ofrecer distintas ayudas a los pequeños y medianos agricultores de la zona, específicamente de las provincias de Colchagua y Cachapoal, que debido a las bajas temperaturas y heladas que se han registrado en el último tiempo han visto afectadas sus producciones, sobre todo de hortalizas.

Al respecto, el parlamentario gremialista hizo referencia al descenso de las temperaturas con las que han debido convivir los productores, especialmente los de la zona precordillerana de la región, donde por ejemplo el pasado 7 y 8 de mayo se registró una mínima de -1,1° y -2,4°, respectivamente.

Incluso, y de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile, este jueves hubo una mínima de -0,5%, registrándose más de seis horas con temperatura bajo cero en la región. En tanto, para este viernes 24 de mayo, las autoridades emitieron una nueva advertencia agrometeorológica en O’Higgins, por temperaturas que podrían oscilar entre los -2° y los 0 grados.

“Las bajas temperaturas que se están registrando en nuestra región están ocasionando un grave y millonario daño a cientos de productores, sobre todo a los más pequeños y medianos, como también a la agricultura familiar campesina, por ejemplo del Valle de Cachapoal o de la Provincia de Colchagua. Estamos hablando de daños en hortalizas, en producciones de repollo, lechuga, acelga y brócoli, además de los árboles de hojas perenne. Por lo mismo, es fundamental que el Gobierno pueda adoptar todas las medidas que sean necesarias, no sólo para apoyar a los agricultores y logremos evitar que se vean afectadas sus producciones debido a las constantes heladas, sino que también para ayudarlos económicamente a raíz de las pérdidas que han sufrido”, señaló Cornejo.

Producto de lo anterior, el representante del Distrito 16 oficiará a las autoridades del Ministerio de Agricultura, para que también puedan realizar -a la brevedad posible- un catastro sobre los productores afectados en la Región de O’Higgins y así focalizar de mejor manera una posible ayuda.

Lo anterior -argumentó el parlamentario-, con la finalidad de que el daño que están causando las heladas en la agricultura no provoque un alza de precios que termine afectando a los consumidores.

“El Gobierno tiene la obligación de buscar todas las medidas que tenga a su alcance, no sólo para ir en apoyo de los productores y agricultores de nuestra zona que se están viendo gravemente afectados por el descenso de las temperaturas, sino que también para evitar que las verduras y frutas experimenten un alza de precios. En medio de la grave crisis económica por la que está atravesando nuestro país, es fundamental que las actuales autoridades impidan que estas condiciones climáticas terminen afectando a cientos de agricultores y al resto de los chilenos”, reiteró el diputado Cornejo.

El representante de O’Higgins cuestionó al Mandatario por haber reconocido, un año y medio después, que no debió haber otorgado el beneficio a Luis Castillo Opazo, quien la semana pasada nuevamente fue condenado, esta vez por robo con intimidación y violencia.

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El diputado por la Región de O’Higgins, Eduardo Cornejo (UDI), llamó al Gobierno y al Congreso Nacional a tramitar con la “máxima urgencia” los distintos proyectos de ley que buscan restringir y limitar el otorgamiento de indultos en el país, luego que esta mañana el Presidente Gabriel Boric reconociera su error tras haber liberado -a fines del año 2022- a Luis Castillo Opazo, un avezado delincuente que había sido condenado en cinco ocasiones y estaba vinculado a 26 causas judiciales.

Al respecto, el parlamentario gremialista recordó las distintas advertencias que le realizaron al Mandatario cuando decidió indultar a doce delincuentes condenadas en el marco del “estallido social”, entre las cuales no sólo estaba Castillo, sino que también otras personas que permanecían en prisión por haber atentado contra funcionarios policiales que estaban a cargo del orden público.

Por lo mismo, y luego que este jueves el Presidente Boric admitiera que el hecho de que Luis Castillo “haya estado incluido dentro de los indultados, fue un error”, sobre todo porque la semana pasada fue nuevamente condenado -a cuatro años- por su participación en un robo con intimidación y violencia en la comuna de Copiapó, el diputado Cornejo calificó como “indispensable” el poder avanzar con las distintas modificaciones legales que se han propuesto, especialmente para “evitar que este gobierno pueda seguir liberando a delincuentes que hicieron un enorme daño en el país”.

“Lamentablemente, el reconocimiento que ha hecho hoy el Presidente Boric llegó un año tarde, porque a fines de 2022, cuando decidió liberar a estos delincuentes, le advertimos en todos los tonos el tremendo error que estaba cometiendo, pero no nos escuchó. No nos olvidemos que previo a conceder los indultos, había un acuerdo entre la mayoría de los sectores políticos y el Gobierno para sacar adelante una serie de proyectos en materia de seguridad. Sin embargo, todo ese trabajo quedó en entredicho cuando el Mandatario optó por liberar a quienes habían participado en la destrucción de nuestro país durante las violentas manifestaciones del 2019”, mencionó el parlamentario UDI.

Por lo mismo, y justamente para evitar que el Gobierno nuevamente libere a delincuentes que, tal como ocurrió con Luis Castillo, puedan volver a delinquir, es que el representante del Distrito 16 solicitó tramitar lo antes posible los distintos proyectos de ley que se han presentado en el Congreso, los que -entre otros aspectos- buscan restringir esta facultad y limitarla sólo para casos humanitarios.

“Es absolutamente inaceptable e inentendible que esta medida se utilice con un criterio político e ideológico. Los indultos presidenciales debieran limitarse exclusivamente para quienes, por ejemplo, padecen una enfermedad terminal o cuando haya que liberar espacio en las cárceles producto del hacinamiento que presentan, como se hizo durante la pandemia. Esta no puede ser una herramienta que el Presidente de la República, cualquiera sea, utilice para indultar a delincuentes y violentistas, como lo hizo este Gobierno. Por eso es urgente que podamos restringir su uso”, reiteró Cornejo.

El representante de O’Higgins fue el impulsor de una de las seis iniciativas que se ingresaron, y que tienen como objetivo enfrentar los graves problemas de concentración en los alumnos.

La comisión de Educación de la Cámara Baja aprobó en general un proyecto de ley que presentó, en diciembre del año pasado, el diputado por la Región de O’Higgins e integrante de dicha instancia, Eduardo Cornejo (UDI), y que busca regular el uso de celulares y dispositivos móviles al interior de los establecimientos educacionales del país, considerando los efectos negativos que -según distintos estudios- genera entre los alumnos, sobre todo en su capacidad de atención y concentración.

Al respecto, el parlamentario gremialista explicó que si bien eran en total seis las iniciativas que se presentaron sobre la materia, finalmente decidieron refundirlas en un solo proyecto, lo que también da cuenta de la voluntad transversal que existe en el Congreso por buscar una solución al problema.

Para justificar su propuesta, Cornejo citó un reciente estudio elaborado por las universidades de Chile y Católica, en alianza con el Ministerio de Educación y la Unicef, que arrojó que los niños accedían a su primer celular -con conexión a internet- a los nueve años de edad, en circunstancias que en el 2016 era recién a los once años. Pero además, el mismo informe reveló que la mayor alza se produjo en los tramos de los 0 a 5 años (de un 2 a un 9%) y de los 6 a los 9 años (del 20 al 49%).

“Es evidente que el avance tecnológico ha permitido acceder a innumerables fuentes de aprendizaje y, por cierto, se ha convertido en un gran aporte para todos los estudiantes. Sin embargo, también ha quedado de manifiesto que el uso excesivo de estas tecnologías, como los celulares, ha generado un efecto negativo en los niveles de atención y concentración que requieren todos los alumnos cuando están en clases. Por eso es que nos parece del todo razonable promover no sólo una regularización, sino que también un uso responsable de estos dispositivos, porque como sociedad tenemos la obligación de abordar esta grave problemática que tenemos en el país”, sostuvo Cornejo.

En ese sentido, el representante del Distrito 16 recordó que fue la propia Unesco -en 2023- la que recomendó prohibir el uso de celulares al interior de las salas. En tanto, el último informe PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes) de la OCDE, estableció que la presencia de celulares provoca la distracción de al menos un 65% de los estudiantes que fueron consultados.

Producto de lo anterior, y junto con valorar que la comisión de Educación aprobara en general los proyectos refundidos, Cornejo llamó al Gobierno a patrocinar dicha iniciativa y a otorgarle máxima urgencia, como una manera también de enfrentar la crisis por la que atraviesa la educación pública.

“Así como es necesario modificar el Sistema de Admisión Escolar y perfeccionar los SLEP, además de terminar con la violencia al interior y exterior de los establecimientos, que afecta enormemente a las comunidades escolares -materia en la cual estamos legislando con la misma urgencia-, también es indispensable que nos ocupemos de lo que está ocurriendo al interior de las salas y de cómo podemos mejorar el actual aprendizaje de los estudiantes de Chile”, reafirmó el legislador de la UDI.

El integrante de la comisión de Educación advirtió que existirían distintas infracciones, tanto en el funcionamiento de la página como también en la contratación a cargo del Mineduc.

El diputado por la Región de O’Higgins e integrante de la comisión de Educación de la Cámara Baja, Eduardo Cornejo (UDI), presentó esta mañana un requerimiento ante la Contraloría General de la República, solicitando que puedan pronunciarse respecto a eventuales infracciones al derecho a la “igualdad ante la ley” en que habría incurrido la plataforma “Anótate en la Lista”, luego que se revelara que los distintos establecimientos educacionales -en el marco del proceso del Sistema de Admisión Escolar (SAE)- podían acceder a servicios adicionales a cambio de un pago monetario.

Al respecto, y junto con calificar como “absolutamente grave” lo detectado en el soporte contratado por el Ministerio de Educación (Mineduc), el parlamentario gremialista aseguró que resulta “indispensable” que el órgano contralor pueda determinar las posibles irregularidades que se cometieron, no sólo relacionadas con una eventual desigualdad ante la ley, sino que también por el trato directo que se hizo de la plataforma y las dudas que han surgido respecto de su contratación.

De esta manera, el requerimiento enviado por el diputado Cornejo a la Contraloría General de la República señala que “no resulta presentable que, a cambio de un pago adicional, el software opera de manera más expedita, sobre todo considerando la importancia que reviste para las familias la búsqueda de matrículas y su impacto en el acceso a la educación de miles y jóvenes del país, quienes -por lo demás- tienen derecho a asistir a la enseñanza formal en igualdad de condiciones, de tal manera que cualquier diferencia en el funcionamiento de dicha plataforma podría ser arbitraria”.

“Lo que se ha detectado en relación con la plataforma ‘Anótate en la Lista’ es absolutamente grave y requiere la inmediata intervención de la Contraloría, no sólo por las dudas que han surgido respecto al proceso de contratación de este software, sino que principalmente por todas las irregularidades que hemos ido conociendo. Estamos hablando de un proceso que genera un enorme desgaste emocional para las familias y los estudiantes de nuestro país, que llegan a esta plataforma por no haber encontrado un establecimiento para ejercer su derecho a estudiar, y pese a ello ahora se encuentran con que existían posibles desigualdades ante la ley”, cuestionó Eduardo Cornejo.

En esa línea, el parlamentario de la UDI también criticó las declaraciones del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien aseguró que por cada postulante existían dos vacantes dentro del sistema. Al respecto, Cornejo sostuvo que “lamentablemente, no se condice con la realidad, porque habiendo transcurrido más de un mes desde el inicio del año escolar 2024, aún tenemos más de 800 estudiantes del país que no han podido acceder a un establecimiento de acuerdo a sus necesidades”.

Por lo mismo, reiteró que “más que estar responsabilizando a un sistema o dando declaraciones que no se condicen para nada con lo que están viviendo cientos de familias, el ministro debiera estar buscando una solución para garantizar que todos esos alumnos podrán estudiar durante este año”.

El representante de O’Higgins recordó que, junto a la Bancada de la UDI, presentaron en
julio de 2022 un proyecto de ley en los mismos términos, considerando el aumento de la
población penal en el país y el gasto que desembolsa el Estado para mantener a un
interno.

El diputado por la Región de O’Higgins, Eduardo Cornejo, valoró que el Gobierno decidiera acoger –
después de casi dos años- una propuesta que presentó junto a la Bancada de la UDI en julio de
2022, para que todos los extranjeros condenados por microtráfico o tráfico de drogas (Ley 20.000)
fueran expulsados inmediatamente del país, no sólo como una manera de descongestionar los
recintos penitenciarios, sino que también para evitar que siguieran delinquiendo al interior de las
cárceles.
Al respecto, si bien el parlamentario gremialista calificó como “absolutamente tardía” la reacción
del Ejecutivo, destacó que “después de casi dos años por fin entendieran que estamos viviendo
una grave crisis de seguridad, con consecuencias muy negativas para nuestro país”, por lo que se
comprometió a respaldar la iniciativa para que pueda ser despachada por el Congreso a la
brevedad.
“Pese a que se demoraron casi dos años en recoger nuestra propuesta, valoramos enormemente
que el Gobierno se decidiera a expulsar a todos los extranjeros que están condenados por la ley de
drogas. Hoy no sólo estamos viviendo un complejo escenario en materia de seguridad, sino que
también tenemos una profunda crisis en el sistema carcelario, asociada precisamente al ingreso de
los migrantes que llegaron a Chile con el único propósito de delinquir. Por lo tanto, era
absolutamente pertinente avanzar en una medida de esta naturaleza”, sostuvo el diputado
Cornejo.
En esa línea, el representante del Distrito 16 recordó que -en promedio- el Estado desembolsa
mensualmente entre $900 mil y un millón de pesos por cada reo, de manera que una expulsión
masiva haría disminuir significativamente dicho gasto. Asimismo, mencionó que sólo entre los
años 2016 y 2020, el número de extranjeros imputados por un delito en el país aumentó en un
355%, por lo que aseguró que “hoy, mucho más que nunca, se justifica que sean expulsados lo
antes posible”.
De todas maneras, Cornejo llamó al Gobierno a “ampliar” el catálogo de delitos por los cuales
procederán a expulsar a los extranjeros irregulares, incluyendo también a los condenados por robo
y hurto. Asimismo, solicitó máxima urgencia a otro proyecto que presentaron en la misma época, y
que busca sustituir las penas de los simples delitos por la expulsión inmediata del territorio
nacional.

Todo lo anterior -argumentó el parlamentario por O’Higgins-, con la finalidad de “enfrentar, de
una vez por todas, la grave crisis de seguridad que mantiene completamente atemorizado a los
chilenos”.
“Lo que ahora necesitamos es que el Gobierno no se contente simplemente con expulsar a los
extranjeros condenados por la Ley 20.000, sino que también incluya a quienes hayan participado
en delitos como robo o hurto, porque no nos podemos dar el lujo de seguir manteniéndolos en
nuestro país. La crisis de seguridad que vivimos debe estar en el primer lugar de las prioridades
ciudadanas, y esperamos que las actuales autoridades así lo hayan entendido”, reafirmó el
diputado Cornejo.

en Unidad de Reh

 Tras un periodo de complejización, con aumento de prestaciones y de profesionales para
entregar mayores beneficios a los usuarios.

abilitación

San Fernando, 27 de marzo de 2024.- Una de las principales funciones que tiene Hospital San
Fernando es brindar una atención de calidad a sus pacientes, implementando mejoras continuas
para complejizar sus prestaciones. Bajo este alero y tras años de trabajo, la Unidad de
Kinesiterapia se transformó en la Unidad de Rehabilitación Física.
Christian Duarte Ubilla, kinesiólogo jefe de dicha unidad, entregó detalles al respecto, a este
cambio, manifestando que “fue gestándose un poco de la mano de la pandemia. Hay una política
ministerial que solicita el aumento de prestaciones en rehabilitación, por tanto, antes de la
pandemia gestionamos dos cargos: un fonoaudiólogo y un terapeuta ocupacional, donde
empezamos a entregar nuevas atenciones que tuvieron que ver con la rehabilitación de la voz, la
deglución y con actividades de la vida diaria. Sin embargo, en ese momento no era necesario
cambiar el nombre de la unidad. Pero el coronavirus dijo otra cosa, fue necesario aumentar la
cobertura y con eso, contar con nuevos cargos de refuerzo, dotando a la unidad de una mayor
cantidad de profesionales en ese momento crítico de alerta sanitaria. Ahí se consolida tener 4
fonoaudiólogos y 3 terapeutas ocupacionales, más los kinesiólogos, con esto logramos dar una
amplia cobertura a pacientes hospitalizados y usuarios de policlínico, permitiéndonos hoy en día
cambiar el nombre de la unidad a Rehabilitación Física, ya que, visibilizamos la labor de todos los
profesionales”.
“Ellos- los fonoaudiólogos-tratan la parte de fonación, deglución, habla y lenguaje. Hoy día los
pacientes tienen una rehabilitación no solamente con la recuperación física como volver a
caminar, sentarse o tener cierta independencia en los traslados; evaluamos la parte alimenticia,
como también la rehabilitación en la alteración del lenguaje o habla. Los fonoaudiólogos analizan
la deglución, ver si los pacientes son capaces de tragar o no, ya que es sumamente importante
para así evitar algunas enfermedades asociadas como la neumonía por aspiración. Realizan una
evaluación exhaustiva a quienes hayan sido extubados o padecieron accidentes cerebro
vasculares. Lo anterior permite que el proceso de rehabilitación sea más seguro, evitando
complicaciones, posterior a eso, se realiza un seguimiento en el policlínico de los pacientes que
requieran continuar rehabilitándose posterior al alta”, agregó el jefe de la unidad.
Para Christian Duarte, los terapeutas ocupacionales “desarrollan un trabajo principalmente en
evaluar las actividades de la vida cotidiana de un paciente, que sean capaces de integrarse a una
independencia propia. En ese sentido, los terapeutas cumplen un rol importante en la
rehabilitación por ejemplo de la mano, es más ellos manejan muy bien esa área ya que trabajan
con instalación de férulas, de órtesis, haciendo adaptaciones para que los pacientes puedan tener

una mejor calidad de vida generando independencia al momento de vestirse, alimentarse, realizar
higiene personal. Asimismo, evalúan a algunas personas con alteraciones cognitivas haciendo
actividades relacionadas para que se minimice la pérdida de memoria o de independencia. Y si
bien hay otras acciones que realizan, finalmente se abocan a que los usuarios se puedan reintegrar
en aquellas actividades que le son significativas, incluso remuneradas, cuyo objetivo principal es
generar una mejor calidad de vida en las personas desde una esfera biopsicosocial incluyendo los
contextos en que se desenvuelven.
Cabe mencionar que el área de la kinesiterapia se ha reforzado, “hoy en día, podemos sistematizar
las intervenciones kinésicas: contamos con kinesiólogos exclusivos para la parte neurológica adulta
e infantil, otros que sólo se dedican a la rehabilitación de alteraciones músculo-esqueléticas, otros
que ven rehabilitación de piso pélvico; todo esto permite que el usuario, tanto de la atención
abierta como cerrada, pueda acceder a una gama de prestaciones de mejor calidad, con una
complejidad mayor y no tan solo aliviar el dolor físico o que una persona pueda mover una
extremidad, hoy día la rehabilitación es más integral, abarcando más componentes, evitando que
el usuario pueda ir a un centro de mayor complejidad, ya que su tratamiento puede realizarse acá
en esta nueva Unidad”.
Por último, “destacar el rol que cumple nuestra técnico en enfermería, Susana Pérez Moreno,
quien es un apoyo fundamental para la labor que desarrollan los profesionales en las distintas
áreas que así lo determine, entregando calidad y vocación de servicio, como todos quienes
trabajan en esta unidad”.

Física

Este 2024 el calendario de elecciones fija una elección general, para el mes de octubre, y dos eventuales procesos electorales: primarias en junio y segunda votación en noviembre. Estas elecciones, al ser de carácter local, contarán con voto únicamente en el territorio nacional.

9 de junio: Eventuales primarias de Gobernadores y Alcaldes, con voto voluntario

La ley N° 20.640, establece un sistema de elecciones primarias que podrá ser utilizado por los partidos políticos para la nominación de candidatos a cargos de elección popular, cuyos resultados serán vinculantes para estas colectividades, en este caso para Gobernadores Regionales y Alcaldes.

Esta elección regirá siempre y cuando algún partido político o pacto electoral de partidos políticos, haya declarado candidaturas para las elecciones primarias para la nominación de candidatos a los cargos, siendo para los electores un sufragio de carácter voluntario.

• 10 de abril: Vence el plazo para que partidos políticos, que decidan participar en las Elecciones Primarias, conformando un pacto, lo formalicen ante el Director del Servicio Electoral. A partir de esta fecha, se inicia el período de campaña electoral hasta el día de la elección respectiva, para los efectos del gasto electoral.
• 13 de abril: Se realiza un sorteo para determinar el orden de precedencia de los/as candidatos/as en las respectivas cédulas electorales.
• 15 de abril: Vence el plazo para que el Director del Servicio Electoral dicte la resolución que acepta o rechaza las declaraciones de candidaturas.
• 10 de mayo: Comienza el período de propaganda electoral, en lugares autorizados como plazas y parques u otros lugares públicos, en espacios privados, mediante carteles, afiches o letreros, con autorización del propietario, poseedor o mero tenedor del inmueble, por medio de la prensa y radioemisoras, por activistas o brigadistas en la vía pública, mediante el porte de banderas, lienzos u otros elementos no fijos que identifiquen la candidatura o la entrega de material impreso u otro tipo de objetos informativos.
• 18 de mayo: Los secretarios de cada Junta Electoral publican las nóminas de vocales de mesas, miembros de Colegios Escrutadores, además de mesas y locales de votación.
• 20 de mayo: comienza el plazo de 3 días para presentar excusas ante las Juntas Electorales.
• 25 de mayo: Se publica nómina de vocales reemplazantes.

Último día para divulgar resultados de encuestas de opinión.

• 6 de junio: A las 24:00 horas, termina todo tipo de propaganda e información electoral de utilidad para la ciudadanía, y la franja gratuita de propaganda en canales de televisión de libre recepción.
• 8 de junio: Constitución de mesas.
• 9 de junio: Votación.

27 de octubre: Elección General de Gobernadores Regionales, Consejeros Regionales, Alcaldes y Concejales, con voto obligatorio

De acuerdo con la ley 21.524 se trata de una elección con voto obligatorio. Asimismo, el Registro Electoral cierra el 8 de junio, día que finaliza el plazo para solicitar cambio de domicilio electoral.

El periodo de propaganda se extiende desde el sexagésimo hasta el tercer día anterior al de la elección, mientras que la nómina de vocales de mesa será publicada por las Juntas Electorales 22 días antes de la elección.

24 de noviembre: Eventual Segunda Votación de Gobernadores regionales, con voto obligatorio

Si ninguno de los candidatos a gobernador regional obtiene la mayoría señalada por ley en la elección de octubre, se procederá a una segunda votación entre los candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas y resultará electo aquél de los candidatos que obtenga el mayor número de sufragios.

Fuente https://www.servel.cl

Previendo un aumento en las atenciones por enfermedades respiratorias y con el fin de evitar la saturación de los recintos de salud es que la Corporación Municipal de San Fernando (Cormusaf) dio inicio al período de vacunación contra la Influenza para diferentes grupos objetivos.

Entre las personas priorizadas para ser inoculadas están: personas de 60 años o más; pacientes con enfermedades crónicas entre 11 y 59 años; personas gestantes; niños y niñas hasta 5° básico; docentes y asistentes de la educación; cuidadores de adultos mayores, personal de salud; trabajadores de avícolas y criadores de cerdos, entre otros.

La Atención Primaria de Salud (APS) de San Fernando ha dispuesto de dos puntos de vacunación para estos fines. El primero de ellos está ubicado en el Cesfam Oriente, que atiende de lunes a jueves desde las 8:15 a 13:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas. El día viernes, la atención finaliza a las 15:00 horas.

El otro punto de vacunación está ubicado en el box 37 del Cesfam Centro, cuyo horario de atención es de lunes a jueves de 09:00 a 16:40 horas. Asimismo, la jornada del viernes termina a las 15:30 horas.

Al respecto, el alcalde Pablo Silva Pérez hizo un llamado a la comunidad para que se acerquen a los puntos de vacunación y reciban la inmunización con tiempo, lo que permitirá evitar aglomeraciones cuando la demanda aumente con motivo de la mayor circulación de virus en los meses de invierno.

Por los delitos de robo, robo con violencia y lesiones menos graves, del año 2023 y 2024. Pasaron a control de detención.

En el marco del servicio “Calles Sin Violencia” en Rancagua, y teniendo en consideración los puntos críticos que este contempla, carabineros de la Sección Centauro, desarrolló fiscalizaciones preventivas, a través del control de identidad, logrando la detención de tres personas con órdenes de aprehensión vigente por diferentes delitos.

Al respecto, Carabineros informó que tras desarrollar patrullajes en las arterias principales del sector oriente de la ciudad, entre ellas, las avenidas República de Chile y Victoria, se logró la detención de estas personas que mantienen ordenes vigentes de los años 2023 y 2024.

La primera de ellas, se registró en Av. República de Chile con Lircay, donde se detuvo a un hombre adulto de 39 años de edad, chileno, quien mantenía una orden de aprehensión vigente por el delito de lesiones menos graves, del año 2023.

Al continuar con el patrullaje, en el sector de República de Chile con av. Victoria, se detuvo a un segundo hombre adulto, de 24 años de edad, chileno, también por una orden de aprehensión vigente por el delito robo con violencia del 2024.

Y un tercer sujeto, hombre, adulto, de 30 años de edad, chileno, detenido por orden de aprehensión vigente por el delito de robo y amenazas a Carabineros en servicio, de enero de 2024, que fue fiscalizado en el sector de Chepita Portales Poniente con av. Victoria.

Los tres detenidos pasaron a control de detención por instrucción de la Fiscalía.

Los legisladores de O’Higgins valoraron el amplio respaldo que tuvo el proyecto, que busca garantizar el acceso a la justicia a todas las personas que han sufrido algún delito en el país.

Los diputados Natalia Romero y Eduardo Cornejo celebraron el amplio respaldo que la Cámara Baja le otorgó esta tarde al proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas de Delitos en el país, y que viene a proteger a todas las personas que en el último tiempo, como parte de la grave crisis de seguridad, han sufrido la acción de la delincuencia.

Al respecto, los parlamentarios recordaron que la idea original de la iniciativa fue presentada por el gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera, a comienzos del año 2021, como una manera de otorgar un apoyo jurídico y legal a todas las personas que hayan sido víctimas de algún delito, pero que por diversas razones -principalmente económicas- no podían contratar una defensa particular.

Por lo mismo, y gracias a la presión que hubo para que la actual administración respaldara dicho proyecto, esta tarde finalmente se despachó al Senado la creación de ambos servicios, lo que para ambos “era una deuda pendiente que el Estado tenía con todas las personas que, lamentablemente, han vivido en carne propia el flagelo de la delincuencia, especialmente durante los últimos años”.

“Dado el actual escenario que estamos viviendo en nuestro país, era absolutamente inviable que sólo las personas que tuvieran la capacidad económica para contratar un abogado pudieran acceder a una mejor defensa ante la justicia. Todos sabemos que la delincuencia y el crimen organizado no discrimina, por lo tanto lo mínimo que debiera garantizar el Estado es un acceso a la justicia para todos por igual, sin ninguna distinción, que es lo que justamente estamos promoviendo con este proyecto de ley”, destacaron Romero y Cornejo, quienes además recordaron la “desigualdad” que actualmente existe en comparación con quienes cometen delitos, asegurando que “nadie comprende que los delincuentes sí tengan derecho a una defensa gratuita y no así sus víctimas”.

En el detalle, los representantes de O’Higgins explicaron que el nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia reemplazará a las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial, encargándose justamente de brindar asesoría gratuita a quienes requieran de una orientación legal, defensa o representación judicial. En tanto, la Defensoría otorgará una asistencia a las víctimas de delitos en torno a sus derechos y las medidas de protección que puedan solicitar, como también entregará representación jurídica y atención psicosocial, todo ello con un presupuesto anual cercano a los $12 mil millones.

Por último, Romero y Cornejo detallaron que, en algunos casos, se priorizará la atención ante delitos de femicidio, homicidio, robo con violencia y secuestro, entre otros, extiendo incluso dicha asesoría a los funcionarios de Carabineros, la Policía de Investigaciones, Gendarmería y las Fuerzas Armadas.

“Ahora esperamos que el Senado despache este proyecto lo antes posible, porque los chilenos requieren con urgencia que el Estado les brinde una protección legal”, reafirmaron los legisladores.